CDMX a 24 de septiembre, 2025.- La confrontación entre la industria farmacéutica y el Gobierno de México escaló después de que la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) rechazara los señalamientos de incumplimiento en la entrega de medicamentos al sector salud.
Rafael Gual Cosío, director del organismo, aseguró que el Gobierno federal mantiene un adeudo de 14 mil millones de pesos con las farmacéuticas, deuda que se arrastra desde hace más de dos años y que, en algunos casos, ha puesto en riesgo la operatividad de varias empresas.
“Es un tema complicado que no se pague porque en algunos casos puede comprometer el capital de trabajo de la propia industria. Cerca del 80% de ese adeudo corresponde a este año y a los dos previos”, declaró el representante de Canifarma en entrevista.
La respuesta se dio luego de que el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, exhibiera en la conferencia mañanera una lista de 34 compañías que supuestamente incumplieron con los contratos de abasto. Entre ellas destacan Productos Farmacéuticos, Serral y Laboratorios Pisa, que sí forman parte de la industria, aunque Canifarma aclaró que solo 10 de las 34 son farmacéuticas; el resto son distribuidoras u otro tipo de empresas.
De acuerdo con datos oficiales, al menos 27 compañías no han entregado más de la mitad de los medicamentos comprometidos. Algunas de las más señaladas fueron:
- Bioxintegral Servicios (100% de incumplimiento)
- Productos Farmacéuticos (88.6%)
- Serral (83.7%)
- Comercializadora UCIN (83.6%)
- Distribuidora de Consumibles Médicos CR (79.4%)
La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que las compañías tienen hasta este mes para cumplir con los contratos o serán inhabilitadas y sancionadas. “Si no cumplen, ya no van a poder venderle al Gobierno”, advirtió desde Palacio Nacional.
Por su parte, Canifarma insistió en que la industria ha mantenido un abasto superior al 90% y que los señalamientos no reflejan la realidad. Además, acusó al Gobierno de omitir la deuda millonaria que arrastra con las farmacéuticas.
La disputa deja en medio a los pacientes, quienes dependen de que los medicamentos lleguen a tiempo y de que el conflicto entre empresas y gobierno no afecte la disponibilidad en hospitales y clínicas.